Informe de investigación · Justicia transicional en Tucumán
Reconstrucción exhaustiva de la vida, la trayectoria política y judicial y el legado de Alfredo Francisco Miguel Terraf, fiscal de los juicios de lesa humanidad en Tucumán.
El estudio de los procesos de justicia transicional en la República Argentina, particularmente tras la anulación de las leyes de impunidad a principios del siglo XXI, encuentra en la provincia de Tucumán un escenario de una complejidad sociopolítica sin parangón. Durante la década de 1970, esta provincia norteña fue el epicentro del "Operativo Independencia", un ensayo general del terrorismo de Estado que luego se aplicaría a nivel nacional. En este intrincado ecosistema histórico, jurídico y político, la figura del abogado Alfredo Francisco Miguel Terraf (M.I. Nº 8.036.532) se erige como un vector fundamental para la comprensión de la restauración del Estado de Derecho1.
A lo largo de su dilatada vida pública, Terraf transitó por múltiples esferas del poder civil y judicial, desempeñándose como militante universitario, diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR) y, en la cúspide de su carrera profesional, como Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán2. La presente investigación despliega una disección exhaustiva de su biografía, analizando sus orígenes, su rol en la primavera democrática, su implacable labor en el Ministerio Público Fiscal y su confrontación directa con los máximos responsables del terrorismo de Estado en Argentina. El análisis no se limita a una reconstrucción fáctica, sino que indaga en las dinámicas de poder, las estrategias procesales, los precedentes doctrinales en materia de genocidio y el profundo impacto que sus acciones han impreso en la memoria colectiva nacional.
Nacido el 25 de marzo de 1950, Alfredo Terraf desarrolló su juventud y formación académica en una etapa caracterizada por la extrema polarización ideológica y la radicalización de la violencia política en Argentina5. Durante sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, se integró a las filas de la Franja Morada, la histórica agrupación estudiantil vinculada a la Unión Cívica Radical5. Esta afiliación temprana ancló su cosmovisión política en los valores del republicanismo, la socialdemocracia y el estricto apego a la Constitución Nacional, distanciándolo tanto de los proyectos revolucionarios de la izquierda armada (como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo) como del conservadurismo autoritario castrense6. En retrospectiva, y con un característico tono de llaneza provinciana, Terraf restaba grandilocuencia a su etapa como militante universitario, afirmando humorísticamente que en aquel entonces "no servía ni para conseguir minas", aunque reconocía que dicho período fue crucial para forjar su temple discursivo y su repudio a cualquier forma de violencia5.
Un componente sociológico indispensable para perfilar a Terraf es su histórica adscripción al rugby, habiendo sido un miembro activo y perdurable del club Los Tarcos en Tucumán5. En la sociedad tucumana, los clubes de rugby operan como vitales nodos de socialización. En este entorno, Terraf forjó vínculos transversales que marcarían su trayectoria ética. Específicamente, cultivó una relación de amistad con el hermano del Capitán del Ejército Humberto Viola5.
El 1 de diciembre de 1974, la provincia de Tucumán fue sacudida por un brutal atentado: el Capitán Humberto Viola y su hija de tres años, María Cristina, fueron asesinados a tiros frente a su domicilio por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)6. Terraf, movido por sus convicciones humanistas y su vínculo con la familia, repudió categóricamente este acto de terrorismo guerrillero, asistiendo personalmente al velatorio en el Comando del Ejército y manteniendo a lo largo de las décadas una relación de profundo respeto y acompañamiento con la viuda del militar, la señora Picón5.
Este antecedente biográfico cobró una relevancia analítica mayúscula tres décadas más tarde. Durante la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, las defensas de los militares represores y sus apologistas intentaron reiteradamente esgrimir la denominada "Teoría de los Dos Demonios"6. Esta narrativa histórica buscaba equiparar las responsabilidades de la violencia insurgente con las del terrorismo de Estado, acusando frecuentemente a los jueces y fiscales federales de ser exmilitantes de izquierda motivados por un afán de revancha institucional. El historial personal de Terraf —un abogado de raigambre radical, jugador de rugby y estrecho allegado a víctimas de la guerrilla— blindó de manera inexpugnable la legitimidad de su acusación. Cuando el ex general Antonio Domingo Bussi intentó enmarcarlo falsamente como un militante de izquierda, Terraf evidenció la falacia, afirmando con contundencia que si tuviera la responsabilidad jurisdiccional de juzgar a los asesinos del Capitán Viola, procedería con la misma fuerza punitiva e implacable que aplicaba contra los jerarcas militares5.
La intrusión del totalitarismo en la vida civil quedó patentizada en la propia experiencia de Terraf durante la asonada militar. El derrocamiento del gobierno constitucional ocurrió el 24 de marzo de 1976. Al día siguiente, 25 de marzo, Terraf celebraba su vigésimo sexto cumpleaños5. Relataría años más tarde cómo, en medio del estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales, se vio en la obligación de acudir a la Comisaría 2ª de la Policía de Tucumán para solicitar un permiso oficial que le autorizara realizar una modesta reunión familiar en su domicilio, a la que asistirían únicamente diez personas, incluyendo a su padre, su hermano y su novia (futura esposa)5. Este episodio, en apariencia menor, ilustra la penetración capilar del aparato represivo sobre los derechos de reunión más elementales, una maquinaria de coerción que Terraf se dedicaría a desmontar judicialmente en su madurez.
Con el colapso de la dictadura tras la Guerra de Malvinas y el retorno a la democracia en 1983, Terraf canalizó su vocación de servicio a través de la política partidaria activa. Autodefinido como un radical de toda la vida, apoyó a nivel nacional las candidaturas presidenciales de Raúl Alfonsín, Eduardo Angeloz y Fernando de la Rúa, marcando posteriormente una profunda disidencia ideológica con el movimiento kirchnerista al aclarar públicamente: "No soy un radical K"5.
Terraf resultó electo Diputado Provincial en la Legislatura de Tucumán, ocupando una banca por el radicalismo durante el período comprendido entre 1983 y 19894. Esta etapa legislativa, coincidente con la restauración de las instituciones republicanas, estuvo marcada por arduos debates ideológicos sobre la reconfiguración del Estado provincial. Como legislador, Terraf se erigió como un orador vehemente, recordando con particular intensidad las lides parlamentarias que sostuvo contra prominentes figuras del bloque del Partido Justicialista, tales como los legisladores Casas, Sangenis, Nazur y Kaenel4.
El episodio político más complejo y controvertido de su carrera legislativa tuvo lugar en el marco de las elecciones ejecutivas provinciales de 1987. El sistema electoral tucumano de la época no consagraba al gobernador mediante el voto popular directo, sino a través de un Colegio Electoral de sesenta miembros.
| Candidato a Gobernador (Elecciones 1987) | Fuerza Política | Porcentaje de Votos Populares | Electores Obtenidos (sobre 60) |
|---|---|---|---|
| Rubén Chebaia | Unión Cívica Radical (UCR) | 33.57% | 22 electores |
| José Domato | Partido Justicialista (PJ) | 24.81% | 14 electores |
| Antonio Domingo Bussi | Defensa Provincial - Bandera Blanca | (Tercera minoría) | (Electores minoritarios) |
Nota: Datos que reflejan la distribución del poder político en Tucumán durante la crisis institucional de 19877.
El candidato radical y entonces intendente de San Miguel de Tucumán, Rubén Chebaia, obtuvo la primera minoría en el voto popular, pero carecía de los 31 electores necesarios para asegurarse la gobernación7. Ante la inminencia de un pacto entre el Partido Justicialista (liderado por José Domato) y las fuerzas conservadoras, Terraf, ostentando el cargo de vicepresidente de la UCR provincial, tomó una decisión de profundo pragmatismo político. Solicitó y mantuvo una reunión privada de exactamente diez minutos con el líder de Defensa Provincial - Bandera Blanca, el ex dictador Antonio Domingo Bussi7.
Según la reconstrucción histórica aportada por el propio Terraf, el único propósito de aquel encuentro fue exigir a Bussi que instruyera a sus electores a votar por Chebaia, fundamentando la petición en la necesidad ineludible de "defender la legítima voluntad popular", dado que el radicalismo había sido la fuerza más respaldada por los ciudadanos en las urnas7. Terraf rechazó categóricamente que hayan existido negociaciones espurias, intercambios de favores o concesiones ideológicas7. Finalmente, Bussi no accedió al requerimiento, los electores se reorganizaron y el peronista José Domato resultó electo gobernador7.
Esta efímera reunión sería instrumentalizada maliciosamente veintiún años después por Bussi, quien, sentado en el banquillo de los acusados por genocidio, intentaría utilizarla para desacreditar la autoridad moral del Fiscal Terraf, tildándolo de "político fracasado" y "pedigüeño"8. Al concluir su mandato en 1989, Terraf se retiró definitivamente de la arena política electoral, considerando esa fase de su vida clausurada de manera irreversible5.
Tras abandonar la política partidaria y formalizar diversas especializaciones en el ámbito del Derecho Penal y la Magistratura, Terraf se integró al engranaje de la Justicia Federal10. Su nombramiento como Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán inauguró una época de intensa actividad persecutoria por parte del Estado1.
En sus primeros años como magistrado, la fiscalía de Terraf debió lidiar con la criminalidad compleja inherente a una jurisdicción geoestratégica, liderando investigaciones y sosteniendo acusaciones en resonantes juicios por delitos federales como el narcotráfico y el contrabando a gran escala5. Asimismo, su firma aparece frecuentemente en el aparato administrativo de la justicia de la región, desempeñándose en múltiples oportunidades como Fiscal General Subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones y participando en los tribunales de evaluación de otros funcionarios judiciales (como consta en los expedientes de evaluación de letrados como la Dra. Garzón)10. Esta gimnasia procesal forjó en Terraf un perfil de litigante técnico, riguroso en el manejo de la prueba e implacable en el interrogatorio.
El verdadero pináculo de la carrera jurídica de Alfredo Terraf, y el evento por el cual su nombre quedó inscrito en la historiografía argentina, se materializó en 2008. Tras la anulación legislativa y judicial de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final (iniciada en 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner), la República Argentina retomó el enjuiciamiento de los responsables del terrorismo de Estado, procesos que habían estado paralizados por casi dos décadas6.
En febrero de 2008, Terraf fue designado para encabezar la acusación del Ministerio Público en el primer gran juicio oral por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en Tucumán (Expte. V - 03/08). En el banquillo de los acusados se encontraban dos de los arquitectos más sanguinarios de la represión: el ex comandante de la V Brigada de Infantería, Antonio Domingo Bussi, y el ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez5.
El juicio se centró en probar el secuestro, tortura y desaparición del senador provincial peronista Guillermo Claudio Vargas Aignasse. La víctima era un intelectual de 32 años, profesor de física e investigador, que se había destacado por su militancia en el Frente de Agrupaciones Nacionales Estudiantiles (FANE) y por ser el parlamentario más joven de la legislatura tucumana16.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, en coincidencia exacta con el golpe militar, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de Vargas Aignasse y lo privaron ilegítimamente de su libertad16. Fue confinado en el penal de máxima seguridad de Villa Urquiza. La reconstrucción de los hechos, impulsada por Terraf a través de los testimonios de los guardiacárceles de la época (como los celadores Oviedo, Décima y Gerez), reveló el perverso mecanismo de la desaparición forzada. Según las constancias del juicio, a Vargas Aignasse se lo subió a una camioneta tipo "estanciera" de la cárcel bajo la falsa premisa de que sería devuelto a su hogar en libertad. Durante el trayecto por las inmediaciones de la Plazoleta Mitre y la calle Laprida, el vehículo fue interceptado en la oscuridad; a la víctima se le colocó una bolsa en la cabeza, se le ataron las manos por la espalda con una piola de algodón y fue sustraído para su posterior asesinato y desaparición17.
Consciente del peso histórico que recaía sobre sus hombros, Terraf adoptó medidas excepcionales. Al recibir la notificación del caso, identificó que su estado de salud, marcado por un sobrepeso considerable, sería un impedimento para afrontar las extenuantes jornadas de litigio. Inició de inmediato un severo régimen bajo supervisión nutricional para reacondicionar su estado físico y cardiovascular, garantizándose la estamina necesaria para resistir el juicio5.
De forma paralela, estructuró un aislamiento psicológico y social absoluto. La presión sobre su figura provenía de múltiples frentes: el aparato mediático y residual del "bussismo" que buscaba amedrentarlo, y los organismos de Derechos Humanos que exigían resultados inmediatos. Para preservar su objetividad dogmática, Terraf se recluyó; prohibió las visitas en su despacho y delegó cualquier interacción pública en su secretaria, dedicándose exclusivamente al análisis de la evidencia5.
El juicio se desarrolló en un clima de ebullición social. En los alrededores del tribunal, manifestantes de organizaciones de Derechos Humanos, agrupaciones como H.I.J.O.S., y defensores de los militares colisionaron recurrentemente. Los registros periodísticos detallan refriegas que incluyeron la intervención de la Gendarmería Nacional, el lanzamiento de gases lacrimógenos, periodistas desvanecidos, lluvia de piedras y destrucción de locales comerciales en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán6.
Dentro del recinto, la tensión fue igualmente insoportable. Las defensas, encabezadas por la Dra. Amalina Assaf y el Dr. Adolfo Bertini en representación de Bussi, y los doctores Guerineau y Fanlo por Menéndez, intentaron dilatar el proceso argumentando la precariedad de la salud de sus defendidos8. Bussi compareció con un aspecto demacrado, luciendo una inusual barba crecida e inhalando oxígeno constantemente.
Terraf, sin miramientos, destrozó esta teatralización. Exhibió los dictámenes periciales que confirmaban que Bussi no presentaba requerimiento clínico de oxígeno, calificando al ex general de "profesional de la mentira", "estafador" y "cobarde"5. "No se necesita haber pasado por la facultad de derecho para darse cuenta de la gravedad y la contundencia de las pruebas", fustigó el fiscal20.
El enfrentamiento alcanzó su ápice cuando Bussi solicitó la palabra. En un intento desesperado de deslegitimar a su acusador, Bussi reflotó la reunión del Colegio Electoral de 1987, acusando a Terraf de poseer una "soberbia inusual", de dar "rienda suelta a su venganza" y de ser un "político fracasado" que antaño actuaba como un "pedigüeño" negociador de votos8.
La respuesta de Terraf fue contundente desde la retórica y la kinésica. Advirtió al represor que debía superar sus instintos antidemocráticos, asegurándole que "la infamia que acaba de decir se compara con su historia de vida", y aclarando que aquel pedido político en 1987 se limitó a exigir el respeto por la voluntad popular, concepto ajeno a la mentalidad de Bussi8. Acto seguido, en un gesto de profundo repudio moral que conmovió a los presentes y fue documentado por la prensa nacional, Terraf giró sobre su eje y le dio literalmente la espalda a Bussi mientras este continuaba con sus diatribas5.
Asimismo, el fiscal no reservó sus embates únicamente para los imputados, sino que dirigió una crítica ética devastadora hacia los hijos de Bussi (Ricardo y José Luis), quienes se desempeñaban como legisladores provinciales. Terraf cuestionó su integridad moral, señalando que, en lugar de renunciar a sus fueros parlamentarios y asumir la defensa técnica de su padre ante la inminencia de una condena a prisión perpetua, optaban por la vía fácil de "salir por los medios ladrando en contra de este fiscal". Los calificó como "cobardes viscerales", afirmando que el miedo era una patología que "se transmite genéticamente" en esa familia5.
El 26 de agosto de 2008, Terraf pronunció su alegato acusatorio, un ensayo oral que demandó dos horas y cincuenta minutos de ininterrumpida articulación jurídica, al cual el propio fiscal catalogó como "la obra cumbre de mi vida pública como abogado"5. Para concebirlo, Terraf mantuvo una rutina monacal, despertando diariamente a las cuatro de la madrugada para redactar5. Aunque la arquitectura dogmática y el análisis de la prueba estaban rigurosamente planificados, la apertura del discurso fue fruto de la improvisación en el momento exacto en que el presidente del Tribunal, el Dr. Gabriel Casas, le concedió la palabra5.
Terraf delineó con precisión quirúrgica el accionar de Bussi y Menéndez, calificándolos como los responsables de un "plan terroríficamente planificado" destinado a aniquilar la disidencia política11. En su petitorio, exigió para ambos la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Las tipificaciones penales formuladas incluyeron la coautoría mediata de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados (bajo condiciones tortuosas de detención), homicidio calificado por alevosía y concurso premeditado, y asociación ilícita14.
Pero el aporte más trascendental de Terraf a la dogmática penal argentina fue su insistencia en aplicar el estatuto del Derecho Internacional para tipificar el accionar estatal como Genocidio en concurso real con los delitos ordinarios5. El fiscal argumentó que las Fuerzas Armadas no se limitaron a cometer crímenes de lesa humanidad dispersos, sino que ejecutaron un plan sistemático para destruir a un grupo nacional sustancial por razones políticas e ideológicas11.
El 28 de agosto de 2008, el Tribunal Oral (jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi) dictó sentencia, condenando a Bussi y Menéndez a prisión perpetua15. Durante la lectura de los fundamentos del fallo el 4 de septiembre, se hizo evidente el éxito conceptual de Terraf: aunque los represores no fueron condenados bajo el tipo penal primario de genocidio, el tribunal incorporó explícitamente la "figura de genocidio" en la fundamentación doctrinaria, sentando un precedente jurisprudencial histórico en el país que el fiscal celebró como un triunfo colosal para el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos5.
A pesar del contundente veredicto de culpabilidad, el tribunal accedió a la petición de la defensa de otorgar a los condenados el beneficio de la prisión domiciliaria, fundamentado en la Ley 24.660 y las "100 Reglas de Brasilia", dada la avanzada edad de los criminales (Bussi contaba con 82 años) y sus presuntos achaques cardíacos8. Bussi fue trasladado a su residencia en el exclusivo Golf Country Club de Yerba Buena, un entorno de extrema comodidad donde, según denuncias periodísticas, gozaba de asados, acceso al Club House y carecía de una custodia penitenciaria efectiva15.
Esta resolución indignó a Terraf. Inmediatamente manifestó ante la prensa nacional que "la calidad de los delitos cometidos por ambos no amerita que terminen sus días en un country o una dependencia cómoda y confortable, sino en una prisión"5. Anunció la presentación de un recurso de casación (con un plazo de diez días hábiles a partir del 5 de septiembre) con un objetivo claro: revocar la prisión domiciliaria y ordenar el traslado efectivo e inmediato de los condenados al pabellón común de la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza5.
La petición de Terraf encerraba una profunda justicia poética y punitiva. Villa Urquiza era el mismo penal lúgubre donde Vargas Aignasse había padecido sus últimos días bajo el yugo bussista. El contraste no podía ser más brutal: mientras Bussi reposaba en un country, testimonios de la época documentaban que Villa Urquiza operaba prácticamente como un campo de concentración moderno, caracterizado por el hacinamiento crítico, condiciones insalubres extremas, brotes de violencia carcelaria que resultaban en muertes periódicas (incluyendo ahorcamientos de reclusos por falta de medicación para el VIH), asemejándose, en palabras de ex convictos como el empresario Gerardo Epelbaum, más a un "cotolengo" o "villa miseria" que a un centro de rehabilitación26. Terraf pretendía, mediante la aplicación estricta de la ley, igualar a los ex dictadores con la cruda realidad del sistema que ellos mismos habían regenteado.
El vigor acusatorio de Terraf no se extinguió tras la sentencia a Bussi. En 2010, lideró la acusación del Ministerio Público en el marco del juicio por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención que operó en la ex Jefatura de Policía de Tucumán6. Este proceso abarcó la investigación por la muerte y desaparición de 22 víctimas durante los años 1976 y 197727.
En el banquillo, junto a Luciano Benjamín Menéndez y los expolicías De Cándido, se encontraba el ex comisario Roberto Heriberto Albornoz, sindicado como el tenebroso jefe del Departamento de Inteligencia Policial (D2) y del Servicio de Información Confidencial (SIC)27.
El juicio evidenció la asombrosa agudeza técnica de Terraf en el tratamiento de la prueba documental. Albornoz diseñó una estrategia de defensa basada en la negación de su autoridad, declarando ante el tribunal ser un simple "perejil de cuarta" que no ostentaba poder de mando, responsabilizando de todo al Ejército27. Para refutar esta mentira, Terraf exhibió los archivos históricos recuperados de la ex Jefatura, los cuales contenían documentos incriminatorios que llevaban la firma manuscrita y los sellos de Albornoz acreditándolo como Jefe del D2.
Acercado a la evidencia, Albornoz intentó una maniobra desesperada, declarando sin inmutarse: "Me da la impresión de que esos sellos los colocaron después de mi firma", insinuando una falsificación27. Ante este perjurio, que provocó la indignación sonora de los familiares en la sala de audiencias, Terraf solicitó de inmediato la intervención de los peritos caligráficos de la Gendarmería Nacional. Los resultados de los estudios técnicos fueron irrefutables: concluyeron unánimemente que "todas las muestras" y rúbricas plasmadas en la documentación incautada pertenecían íntegramente al puño y letra del represor, destruyendo su coartada y asegurando la solidez de la condena27.
Paralelamente, el fiscal mantuvo su tolerancia cero frente a las obstrucciones de la justicia, exigiendo al tribunal oral que girara actuaciones a la fiscalía de primera instancia (a cargo de Emilio Ferrer) para que se procesara y detuviera de manera inmediata por falso testimonio a los ex guardiacárceles Carlos Décima y José Jerez, quienes intentaron brindar declaraciones falaces para proteger la cadena de mando represiva18.
Tras haber cumplido de manera inobjetable un ciclo histórico indispensable para la profilaxis democrática del Estado argentino, Alfredo Terraf tramitó su jubilación. Renunció al cargo de Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, dimisión que el Poder Ejecutivo Nacional oficializó dando por aceptada a partir del 1 de septiembre de 2010 (mediante Resolución PGN 664/10 y Decreto Presidencial 1178/2011)1.
En su vida como ciudadano retirado, Terraf continuó residiendo en la misma vivienda ubicada a escasas cuadras del Tribunal Federal, a la cual se había mudado en 19795. No obstante, su alejamiento de la magistratura no apaciguó su carácter frontal frente a lo que percibía como abusos institucionales.
Este rasgo quedó de manifiesto cuando encabezó activamente una resistencia vecinal contra la instalación de una estación transformadora de alta tensión de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) frente a su domicilio6. Durante las fricciones comunitarias derivadas de esta controversia, Terraf protagonizó un fuerte altercado en un supermercado con el concejal oficialista Oscar Cano. El edil denunció posteriormente en el recinto legislativo que Terraf lo increpó e insultó severamente en público, acusando al ex fiscal de estar "chapita" (desequilibrado)30. Este incidente ilustra que, lejos de ampararse en el letargo de la jubilación, Terraf mantenía intacta su vehemencia cívica.
La figura de Terraf fue nuevamente reivindicada en el ámbito académico e histórico en el año 2019. La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través de su imprenta y la Editorial de la UNT (EDUNT), publicó el libro "Las memorias del juicio histórico a Bussi", una obra documental escrita por la autora Mirta Hillen31.
Dada su ineludible condición de protagonista central en la arquitectura jurídica de dicho juicio, Terraf fue honrado con la responsabilidad de redactar el prólogo de la obra32. La envergadura institucional de la publicación quedó evidenciada durante su lanzamiento en marzo de 2019 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, que coincidió con la apertura de la quinta edición del "Mes de la Memoria". En la mesa de honor, Terraf compartió el estrado con la autora Mirta Hillen, la directora de EDUNT, Rossana Nofal, y autoridades máximas de la Casa de Altos Estudios, incluyendo al rector José García y al titular de Extensión Universitaria, Marcelo Mirkin34. Complementariamente, su voz siguió siendo un faro pedagógico a través de diversas intervenciones en medios, como su extensa entrevista auto-doblada en la señal "Radio 21 Tucumán", donde continuó diseccionando ante las nuevas generaciones la barbarie sistemática que representó el bussismo y el valor profiláctico de los juicios bajo la premisa del "Nunca Más"11.
El reconocimiento supremo a la trayectoria ética y profesional de Alfredo Francisco Miguel Terraf se materializó en enero de 2024. La Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán (el mismo recinto donde él había batallado ideológicamente en la década de 1980) le rindió un solemne homenaje institucional4.
El acto se enmarcó dentro del programa parlamentario "Memoria y Presente", diseñado para distinguir a aquellas personalidades provinciales cuya labor ha dejado una huella indeleble en la promoción de los Derechos Humanos, la solidaridad social y la memoria colectiva37. La ceremonia fue impulsada por el legislador José Seleme, y de manera profundamente simbólica y catártica, fue acompañada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del senador desaparecido cuyo secuestro originó la condena a prisión perpetua de los comandantes militares lograda por el fiscal37.
Durante los discursos de rigor, Seleme fundamentó la distinción expresando que "este homenaje se lo debíamos como sociedad y como tucumanos"37. Los fundamentos formales del reconocimiento aseveraron que la labor del ex fiscal "trascendió lo judicial al restituir dignidad a las víctimas, dio voz a los familiares y abrió un camino de esperanza para una sociedad que durante décadas había soportado el peso del silencio y la impunidad"37. Se destacó inequívocamente su amalgama de "firmeza jurídica y sensibilidad humana", erigiéndolo como un pilar fundamental del Estado y reconociendo su contribución pionera a la consolidación de la jurisprudencia en materia de genocidio37.
Terraf, visiblemente emocionado pero fiel a su austeridad discursiva habitual, tomó la palabra para agradecer el galardón. Manifestó sentir un enorme orgullo, pero inmediatamente despojó a sus acciones de cualquier halo heroico, indicando con profunda humildad republicana: "solamente cumplí con mi obligación"37. Reflexionó ante los presentes que el motor rector de su carrera judicial fue siempre "tratar de poner voz a todos aquellos que no podían hablar", en referencia a los desaparecidos engullidos por el aparato estatal clandestino37. El abogado, legislador y fiscal concluyó su alocución con una sentencia que cristaliza el ethos de su vida entera: "En el trabajo y en la vida debemos tratar de ser dignos"37.
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